En el Perú, cada vez que ocurren desastres por fenómenos naturales o acciones antrópicas, lamentamos la cantidad de damnificados y se trata de ayudarlos momentáneamente para aliviar su angustia por perder sus hogares. Pero el resultado es conocido: el lamento y las buenas intenciones solo duran unos días, luego el aparato estatal en vez de prevenir, se desentiende del problema, dejando a las familias a su suerte. Exigir una política de vivienda, como derecho, significa no solo asegurar la tenencia de la vivienda, sino también asegurar que las condiciones de habitabilidad de los barrios sean las adecuadas. La evidencia demuestra que, a pesar de que muchos asentamientos humanos cuentan con títulos de propiedad, la precariedad del entorno persiste y en caso de emergencias, como un incendio -muy común en estos barrios- es casi imposible combatirlo a tiempo.

El día viernes ocurrieron dos incendios en Lima, uno en San Isidro y otro en Villa María del Triunfo. Debido a las instalaciones adecuadas para la toma de agua para bomberos, en el primer distrito el fuego se controló a tiempo y solo hubo pérdidas materiales que sus dueños podrán superar en el corto plazo. Mientras que en el segundo distrito, al menos 14 casas fueron destruidas, las familias se han quedado sin nada, y en medio de una pandemia. Los bomberos tardaron muchas más horas en controlar el fuego, pues tuvieron que hacer uso de camiones cisternas y luchar contra la expansión del fuego, ya que las viviendas estaban construidas con material inflamable, en su mayoría madera. Este caso no es único, hace un par de meses hubo un gran incendio en el Centro Histórico de Lima, 60 familias fueron afectadas, perdiendo sus enseres, sus hogares y el contacto con su comunidad, pues varias familias fueron trasladadas a refugios fuera del distrito. Además, las familias no cuentan con trabajo estable ni un sustento económico adicional, por lo que no logran superponerse con facilidad ante su pérdida. Esta es la realidad de una ciudad que tiene un desarrollo desigual, cuyo Estado no solo olvida, sino que coadyuva al aumento de la precariedad, entregando títulos de propiedad a diestra y siniestra, para que en la esfera legal esos barrios se vuelvan “formales”, pero en la realidad la precariedad no se supera; por el contrario, las familias se ven obligadas a vivir en condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, auto-explotándose para poder construir una vivienda adecuada y pagar altos precios por los servicios esenciales. Asimismo, las políticas post-desastres son insuficientes, pues solo se les otorga una carpa en donde pasar las noches, en tanto, las familias no solo pierden sus hogares, sino también son afectadas emocional, psicológica y económicamente. Además, no se ofrecen soluciones con enfoque de género, por lo cual las mujeres madres solteras se ven mucho más afectadas.

¿Hasta cuándo seguirá activo este círculo vicioso de la precariedad urbana? Exhortamos a la Ministra de Vivienda, a que inicie cambios estructurales en el sector, que se implemente una política de vivienda acorde a las necesidades socio-económicas de la población, un cambio de enfoque de la planificación urbana que no niegue la auto-producción de ciudad y vivienda; y que se exija el derecho a la vivienda, como un derecho constitucional para que el Estado pueda intervenir en la construcción y proyección de viviendas sociales y mejoramiento de barrios, y no solo se le deje al libre mercado ese papel, pues al no representarle ganancias, no lo cumple. Se acerca el bicentenario de nuestra independencia, pero tenemos muy pocos motivos para celebrar. El desarrollo de un país empieza por garantizar los derechos básicos, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada. Es el momento para conseguir un derecho a la ciudad efectivo, y no solo anhelos de formalidad y sostenibilidad que se apliquen a espacios privilegiados de las ciudades peruanas.